España, auditorías energéticas pendientes

España es el único país de los considerados grandes de la Unión Europea que no ha traspuesto a su ordenamiento interno la obligación de que sus grandes empresas hagan auditorías energéticas. Dicha obligación se recoge en la Directiva 2012/27/UE, que habla de la eficiencia energética. La Comisión Europea ya ha abierto un procedimiento de infracción al respecto.

España, junto a Polonia, Luxemburgo, Grecia, Estonia, Lituania y Letonia estarían en la misma situación según un informe del pasado mes de septiembre realizado por Eurochambers, la Asociación de las Cámaras de Comercio e Industria de la UE.

Además de estas tareas, España tendría pendiente un Real Decreto encargado de regular las auditorías energéticas y otras disposiciones, como una norma sobre los Certificadores de Ahorro Energético (CAF) y la obligación de instalar contadores individuales en las calefacciones centrales.

Este vacío legal español en materia de eficiencia energética ha provocado este expediente por parte de la Comisión Europea y también ha tenido consecuencias judiciales, ya que veinte empresas han recurrido al Tribunal Supremo.

La Directiva marca que las comercializadoras de energía deben ahorrar un 1,5% de sus ventas anuales o contribuir con una cantidad equivalente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Pero el caso es que este vacío legal provoca que, al no existir la normativa, las empresas no pueden demostrar su ahorro, por lo que están obligadas a contribuir económicamente.

Para 2016 el gobierno ha establecido que las aportaciones de las empresas a este fondo asciendan a 206 millones de euros, que van a distribuirse de la siguiente forma entre las mayores empresas contribuyentes: Repsol con 37 millones, Endesa con 25 millones, Gas Natural Fenosa con 22 millones, Cepsa con 19 millones e Iberdrola con 12 millones.

Según el Ministerio de Industria, la obligación de hacer las auditorias va a afectar a  3.782 organizaciones que cuentan con más de 250 empleados o 50 millones de facturación, que estarán obligadas a analizar 23.411 establecimientos. El coste va a oscilar entre 18.700 euros para la industria y cerca de 3.000 euros para la mayoría de los servicios. Se calcula que el coste para un comercio estará alrededor de 6.000 euros y para una constructora unos 10.200.

En términos globales, el coste para las empresas subirá más de 158 millones de euros. Como contrapartida, si se toman medidas pertinentes tras las auditorías para la reducción de consumo, las empresas podrían obtener unos ahorros estimados, también en términos globales y en trazo grueso, en 1.000 millones.