¿Qué esperan las empresas españolas de su futuro gobierno?

El próximo 28 de abril se celebran elecciones generales en España y el escenario político parece marcado por la inestabilidad y la fragmentación. Las empresas españolas, por medio de la CEOE y de las patronales sectoriales, han planteado sus necesidades al futuro gobierno español que salga de las urnas.

Básicamente, sus demandas se concretan en el avance en las reformas estructurales, en la garantía de la seguridad jurídica y en la unidad de mercado.

Las empresas españolas piden a  los candidatos a la presidencia del gobierno altura de miras, que trabajen por la estabilidad política e institucional en un momento de desaceleración de la economía española que viene condicionada por un contexto internacional incierto, principalmente por la incógnita del Brexit, que no se acaba de despejar, y por el conflicto internacional que mantienen Estados Unidos y China.

Todas estas inquietudes ser reflejan en un documento que fue aprobado en el pasado mes de marzo por la Junta Directiva de la CEOE. En dicho documento se identifican cuatro graves amenazas: la inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, las reformas estructurales pendientes que no terminan de abordarse y la rotura de la unidad de mercado.

Respecto a la estabilidad política el documento la considera básica como garantía de la seguridad jurídica y como base para sostener la confianza de los consumidores, las empresas e inversores.

En lo referente al tema fiscal y presupuestario, este informe de la CEOE demanda una actuación clara y decidida sobre el gasto no productivo para conseguir la reducción del déficit público. El documento propone bajar los impuestos en los costes empresariales, especialmente en los relativos a las cotizaciones  la Seguridad Social, que propone rebajar, y la adecuación del impuesto de sociedades a la capacidad real de las empresas. Asimismo, plantea incentivar fiscalmente la creación de empleo así como los tipos marginales del IRPF.

La CEOE pide también que el nuevo gobierno no eche abajo reformas estructurales que sirvieron en el pasado para fomentar el crecimiento económico. En este sentido aspira a reducir los costes laborales y a ponderar la dualidad del mercado de trabajo entre contratos temporales e indefinidos. En este aspecto concreto se demanda igualar la indemnización por despido en ambos casos a 18 días por año trabajado.

Además, el documento hace hincapié en la necesidad de impulsar una política empresarial más ambiciosa y precios energéticos adecuados, así como la necesidad de un nuevo Plan de Infraestructuras.