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La burocracia sigue siendo una de las trabas principales para las empresas españolas

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Según un estudio desarrollado por el World Economic Forum, titulado The Global Competitiveness Report 2016-2017, la burocracia es el segundo obstáculo para la actividad empresarial en España por detrás de los tipos impositivos.

Según este estudio, que sitúa a nuestro país en el puesto 113 de 138 países, España es víctima de las numerosas trabas y cargas administrativas que soportan las empresas. Existe un exceso de regulación que afecta directamente a la competitividad de nuestras compañías.

Dichas cargas impiden crecer al tejido empresarial español  y ser realmente competitivo. El exceso de burocracia afecta tanto al sector privado como al público. En el caso español se destinan más fondos a la burocracia del día a día que a las inversiones. 8.165 millones de euros frente a 7.636 millones.

Con el objetivo de corregir esta anomalía, CEOE y Cepyme colaboran con las administraciones públicas en tareas de identificación de las cargas administrativas que sobrecargan a las empresas. Desde el año 2009 se han desarrollado cerca de 400 propuestas y se han realizado ciertos convenios para tratar de paliar la situación.

Los convenios buscan por encima de todo la simplificación o la desaparición de determinados requisitos que deben cumplirse en los tres niveles administrativos. El último de ellos hasta la fecha fue el Convenio de 2018. Según este acuerdo la entrada en vigor de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público han incrementado las cargas administrativas para las empresas, por lo cual han propuesto simplificarlas.

Un ejemplo de esta simplificación es el siguiente: dotar de carácter obligatorio a la notificación electrónica por parte de la administración a las empresas, para  que estén avisadas de si son destinatarias de alguna diligencia podría suponer un ahorro de alrededor de 1.100 millones de euros.

Una de las alternativas que se proponen es realizar notificaciones de forma centralizada a través del Punto de Acceso General electrónico de la Administración. En caso de no realizarse dicha notificación, que hasta ahora no tiene carácter obligatorio, el empresario se ve obligado a tener que consultar diariamente varias webs. Una medida que por sí misma puede ahorrar 260 millones de euros.

Otro ahorro podría venir derivado de la creación de días no hábiles para realizar notificaciones, que coincidan con periodos vacacionales. La introducción de esta medida podría suponer un ahorro de 120 millones de euros.